El Ministerio de Hacienda estudia actualmente varias fórmulas para flexibilizar la propuesta de establecer un tope de 2.000 euros brutos anuales a partir del cual habrá que tributar en las indemnizaciones por despido improcedente. Se trataría de buscar una alternativa válida para no tener que elevar necesariamente ese margen -que afecta a todos los salarios brutos por encima de los 20.000 euros anuales-.
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