El anteproyecto de la Ley Orgánica del Poder Judicial permite al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ordenar a un medio de comunicación, un político u otro juez que deje de informar o hablar sobre el trabajo de un magistrado que sienta "perturbada" su independencia judicial. En caso de no ser atendido, el propio juez podrá presentar una denuncia por un delito contra la Administración de Justicia. El anteproyecto del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, acaba con los jueces 'estrella' y también busca fortalecer el amparo de los magistrados que sientan perturbada su independencia judicial. Así, permite al órgano de gobierno de los jueces ordenar a "quien perturbe o inquiete a los jueces el inmediato cese en dicha conducta". "La continuación o reiteración de tal comportamiento tras recibir la orden de cese será constitutiva de delito contra la Administración de Justicia previsto y penado en el apartado 1 del artículo 464 del Código Penal", recoge el articulado.

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