Las tarjetas de Caja Madrid fueron objeto de una inspección fiscal por parte de la Agencia Tributaria, que, sin embargo no abrió ninguna investigación a las personas físicas que se beneficiaron de ellas. Según aseguran fuentes próximas a la defensa de los imputados, se tiene conocimiento de que Hacienda estaba al tanto de la existencia de estas tarjetas y de que abrió un proceso sancionador al detectar irregularidades en 2007.
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