La sección séptima de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo justifica en la sentencia en la que avala la decisión del Gobierno de rechazar la petición de indulto para María del Carmen García, la mujer que quemó vivo al violador de su hija en 2005 en Benejúzar (Alicante), en que no les corresponde sustituir al Ejecutivo en la decisión de indultar, es decir, que el control de la prerrogativa de gracia está limitado por su parte al "procedimiento" pero "no al resultado".
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