La Ley 1/2013, de medidas para reforzar la protección de los deudores hipotecarios, trajo de la mano una nueva exigencia para las subastas extrajudiciales o notariales: que la venta se realice mediante una sola subasta electrónica, a través del portal público. La idea es, tal y como explicó hace casi un año la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, "terminar con una corruptela del sistema que eran los llamados subasteros".
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